Los protagonistas de la operación política contra equipos de campaña nacionales, provinciales y municipales que se desarrolló en la Argentina durante el último año para grabar y extorsionar a políticos y candidatos fueron al menos tres, de distintas nacionalidades, según reconstruyó LA NACION durante las últimas semanas, a partir de los testimonios de algunas de sus víctimas, bases de datos personales y herramientas tecnológicas. Estos son sus nombres, rostros y particularidades. (Nota 3 de 3).
Cristina Fernández de Kirchner sabe que se avecinan tiempos bravos para ella. Lo sabe porque sabe lo que hicieron ella, el extinto Néstor Kirchner y su hijo Máximo a la hora de manejar e incrementar el patrimonio familiar. Y lo sabe porque sabe cómo son los jueces y fiscales argentinos, tiempistas excepcionales y dueños de un olfato exquisito que les permite detectar dónde está el poder, quién lo tiene y quién lo pierde… y actúan en consecuencia. (Una columna para El País),
Los protagonistas de la operación de inteligencia ilegal que se desarrolló en la Argentina durante el último año distribuyeron "brochures" con promesas de supuestas inversiones multimillonarias, pero no fueron más que carnada. El objetivo fue tender una trampa de 150 millones de dólares a miembros de equipos de campaña de políticos alcance nacional, provincial y municipal para apretarlos y extorsionarlos, según reconstruyó LA NACION durante los últimos meses. (Nota 2 de 3).
¿Qué tienen Cristina Fernández, su hijo Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López en común? Que juntos deberán sentarse en el banquillo de los acusados por una trama de presunta corrupción y lavado. Esa trama podría sintetizarse así: los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner les entregaron contratos públicos durante años a Báez y a López, quienes destinaron parte de esos fondos al alquiler ficticio de habitaciones y salones en dos hoteles de la familia presidencial, entre 2008 y 2013, o a
Durante el último año, una operación de inteligencia ilegal de alcances imprevisibles se desarrolló en la Argentina. ¿Su objetivo? Obligar a actores políticos a tomar decisiones contra su voluntad e, incluso, imponerles que declinen sus candidaturas electorales. Así ocurrió, al menos, con dos postulantes, según reconstruyó LA NACION en base a testimonios recabados en el país y España, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, "brochures" y otros rastros que sus protagonistas dejaron a su paso